Responsabilidad del Estado. Contrato de Zona Franca

HECHOS: El actor, concesionario de las dos zonas francas de la provincia de Santa Cruz, interpuso una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional por la revocación del decreto PEN 520/95 mediante el decreto 1583/96, por el cual se le autorizaba la venta al menudeo de mercaderías de origen extranjero, privilegio revocado por cuestiones de mérito. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar la acción reconociendo la responsabilidad del Estado por su actuar lícito tanto respecto al daño emergente como al lucro cesante (calculado éste conforme a la ganancia que esperaba conseguir la empresa concesionaria en todo el término del contrato, es decir, 30 años). La CSJN revoca parcialmente el fallo de la Cámara.

HOLDING: La CSJN vuelve a ratificar el precedente “El Jacarandá”, al establecer que en casos de responsabilidad lícita del Estado, no corresponde eliminar de modo apriorístico la posibilidad de resarcir el lucro cesante (contrariando la doctrina de “Motor Once” y muchos otros, al igual que gran parte de la doctrina nacional). De todos modos, la CSJN interpretó que el daño al lucro cesante no estaba probado en autos, con lo que determinó que el daño resarcible era únicamente el daño emergente.

OTRAS CONSIDERACIONES: La CSJN rechazó además la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional, al entender que pese a que se había probado la existencia de un contrato entre la provincia de Santa Cruz y el concesionario, la acción se dirigía contra un decreto del PEN.
Esto es de importancia porque en el tema de las zonas francas, al participar en su puesta en funcionamiento de modo coordinado Nación y provincia, surge muchas veces el interrogante de quién es el titular de la relación jurídica que se entabla. Aquí la CSJN deja claro que al cuestionarse un decreto del Ejecutivo Nacional, el sujeto pasivo de la acción deberá ser entonces el Estado Nacional. Ello más allá de la celebración de un contrato con la provincia de Santa Cruz.