Escrutinio estricto. Libertades preferidas

HECHOS: Se trata de una mujer nacida en Alemania, radicada en la Argentina desde 1983, que ha cursado estudios secundarios y universitarios en la Argentina (recibe su diploma como abogada en la UBA). Al presentarse en un concurso público para optar a un cargo como secretaria de un Juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vio rechazada del mismo por no ser argentina nativa ni naturalizada. Recurre primero ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires (se trata de actividad materialmente administrativa del Consejo de la Magistratura, por ello Gottschau agota la vía administrativa recurriendo ante el pleno del Consejo), y luego plantea un amparo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. En primera y segunda instancia de la Ciudad es rechazado su planteo, lo mismo acontece ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Por vía de recurso extraordinario federal llega a la Corte Suprema de la Nación, instancia en la cual se le otorga el amparo.

HOLDING: En este fallo la CSJN termina de consolidar la doctrina “Hooft” (LA LEY 2005-A, 295, con nota de Mario Midón, JA 2005-IV, 516 y nota de Adriana Tettamanti de Ramella en LA LEY 2005-D, pág. 558) y la doctrina del escrutinio estricto como modo de tutelar las llamadas “libertades preferidas”. Se trata de una doctrina judicial que tiene su inicio en Estados Unidos, que comienza como un modo de tutelar los derechos civiles y políticos de las minorías y luego se expande a toda la población en general. En virtud de ella, cuando se intentar reglamentar estos derechos por intermedio de una “categoría sospechosa”, se quiebra el principio tradicional de presunción de constitucionalidad de las leyes (el cual implica una presunción de razonabilidad de las mismas), y se parte del axioma contrario: esa ley o reglamentación, al imponer una limitación a una libertad preferida empleando a una categoría sospechosa, deberá ser el órgano estatal quien tenga la carga de demostrar cuál es el “interés estatal urgente” que amerita una regulación tal del derecho fundamental en cuestión. Partimos entonces de una presunción de inconstitucionalidad de la norma.